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NECESIDAD DE PROBANZA DE LA CAPACIDAD DE PAGO DEL PROCESADO POR EL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR
(Universidad Privada de Trujillo, 2025)
Rioja Herrera, Jorge Luis
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Alza Collantes, Carlos Jesús
El presente trabajo de investigación titulado “Necesidad de probanza de la capacidad de pago del procesado por el delito de omisión a la asistencia familiar” tuvo como objetivo general, Determinar cuáles son los principios jurídicos que vulneraria la ausencia de probanza de la capacidad de pago del imputado en el delito de omisión a la asistencia familiar, además, se consideró posturas doctrinales y jurisprudenciales para evidenciar los principios que vulneran el presente tema de indagación. Se llevó a cabo una investigación demostrativa y de enfoque cualitativo, que se utilizó como instrumento, una encuesta para los conocedores del derecho como, jueces, fiscales y abogados. Los resultados obtenidos a través del mecanismo utilizando, dio a conocer qué efectivamente los principios que vulneran son los siguientes; el deber de la carga de la prueba, el principio de objetividad fiscal y la búsqueda de la verdad material. La presente investigación concluyó que a pesar que existe el debido proceso, hay situaciones en que existe principios que vulneran la ausencia de probanza de la capacidad de pago del imputado en el delito de omisión a la asistencia familiar.
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Ineficaz Desarrollo Normativo de la Prueba Indiciaria en la Imputación Fiscal de Delitos de Lavado de Activos
(Universidad Privada de Trujillo, 2025)
Quispe Zela, Greysi Milagros
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García Santos, Luis Leandro
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Alza Collantes, Carlos Jesús
Cuando nos referimos a la prueba indiciaria inmediatamente nos remitiremos a las pruebas indirectas, como sabemos las pruebas más idóneas dentro del proceso son las pruebas directas, sin embargo, estas pruebas no siempre se dan dentro de la consecución del proceso, más aun dentro de un delito tan complejo como es el lavado de activos, donde siempre se inicia las investigaciones producto de indicios que refieren un incremento patrimonial injustificado. Indicios que generan la posible comisión de un hecho criminal previo que puedo dar origen a las ganancias ilícitas que el sujeto viene lavando e introduciendo al mercado legal económico, sin que estos puedan ser detectados, mediante la compra de bienes muebles como inmuebles, modalidades que son más conocidas dentro del delito de lavado de activos. Sin embargo, el tipo de lavado de activos nos refiere distintas formas de lavar activos las mismas que refieren bajo las conductas de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia, trasporte y traslado, las mismas que se dan en diferentes modalidades y de acuerdo a los sujetos cualificados en la comisión de la conducta. Dentro de la práctica se ha detentado que dentro de las investigaciones por el delito de lavado de activos, no cuentan con sus sustento probatorio firme y eficaz que acredite el origen ilícito que dio origen a los activos maculados, ya que si bien estos activos son sucios los lavadores utilizan medios que dan una apariencia de legalidad siendo imposible su imputación por el acto de lavado, para ello resulta imprescindible la utilización de la prueba indiciaria dentro de la construcción de imputación por el delito de lavado activos. Pero la construcción de esta prueba indiciaria debe de tener un sustento normativo, ya que dentro de la doctrina aún no se ha desarrollado su debida aplicación y construcción y como debe ser de acuerdo al delito en el que se cita, ya que dentro del delito de lavado de activos los indicios resultan relevantes a diferencia de un proceso por un delito común, ya que los indicios no podrán ser los mismos inicialmente, de acuerdo a la etapa en la que se encuentre la investigación. Por ello, no se podrá presentar indicios iniciales cuando se pretenda presentar una acusación por el delito de lavado de activos, ya que los indicios deberán de haber evolucionado con prueban contingentes que refieran el núcleo del indicio, el mismo que dará la fuerza de una prueba directa, solo así se podrá imputar razonablemente una responsabilidad y no generar impunidad de hechos que afectan gravemente a los intereses económicos estatales y a la libre y leal competencia.
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Mala Conducta Funcional del Fiscal y el Principio de Legalidad, Trujillo, 2025
(Universidad Privada de Trujillo, 2025)
Otiniano Plasencia, Julio Giancarlo
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Tanta Huaccan, Bertha
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Alza Collantes, Carlos Jesús
El estudio tuvo como objetivo general analizar cómo la mala conducta funcional del fiscal vulnera el principio de legalidad en el ejercicio de sus funciones, mediante el análisis del expediente disciplinario seguido contra el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, vinculado al caso “Los Limpios de la Corrupción”. La metodología fue cualitativa, con diseño de estudio de caso, basada en el análisis documental de normas, jurisprudencia y resoluciones del Ministerio Público, sin participación de sujetos humanos. Los resultados mostraron que el fiscal incurrió en abuso de autoridad, manipulación documental y falta de transparencia, vulnerando derechos constitucionales como el debido proceso, la defensa y la imparcialidad. Se identificaron desviaciones normativas, falsedad ideológica y coacción a testigos, lo que generó nulidad de actos procesales y sanciones disciplinarias y penales. La conclusión general establece que las mala conductas funcionales afectan gravemente la legitimidad del Ministerio Público, deterioran la confianza ciudadana y evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de control disciplinario y la aplicación efectiva del principio de legalidad en el sistema judicial peruano.
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EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN LA PRESCRIPCIÓN DEL EXTRANEUS.
(Universidad Privada de Trujillo, 2023)
Guzmán Vidaurre, Mario Jesús
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Cruz Vegas, Guillermo Alexander
Esta tesis de investigación académico jurídica se ha presentado bajo el nombre de: “El Control de convencionalidad en la prescripción del extraneus”, para el inicio de esta investigación se ha señalado como enunciado del problema: “¿Qué derecho fundamental se afecta con la incorporación de la duplica de los plazos prescriptorios para el extraneus en los delitos contra la administración pública?, se justificó esta investigación en razón de que “en la norma constitucional se debe entender que las prescripciones que se contiene deben ser correctas en función a que guarden absoluta coherencia con los derechos humanos, sin embargo, la investigación se justifica porque la regulación que contiene la duplica de los plazos de prescripción para quienes son particulares, es decir, extraneus, vulnera el derecho a la igualdad y con ello se lesiona el interés de justicia como valor supremo de la sociedad, en ese sentido es necesario y urgente que se realice un control de convencionalidad de tal prescripción y se prefiera el derecho a la libertad por sobre el texto constitucional regulado en el artículo cuarenta y uno último párrafo, por cuanto no se le puede cargar al extraneus (particular) los mismos deberes que los funcionarios o servidores públicos quienes si tienen el deber de velar por el correcto funcionamiento de la administración pública”, se estableció como objetivo general el siguiente. “determinar qué derecho fundamental se afecta con la incorporación de la duplica de los plazos prescriptorios para el extraneus en los delitos contra la administración pública” y como objetivos específicos los siguientes: “Explicar los alcances de los delitos contra la administración pública; señalar el contenido de la prescripción de la acción penal; explicar qué derecho se afecta con la duplica de prescripción para el extraneus”; luego de someter el trabajo a los métodos y técnicas respectivas pudo lograr demostrar la hipótesis de manera positiva: “El derecho fundamental se afecta con la incorporación de la duplica de los plazos prescriptorios para el extraneus en los delitos contra la administración pública es el de igualdad”
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ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR.
(Universidad Privada de Trujillo, 2023)
CUBA CALIZAYA, REYMER
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CUESTAS CULQUE, ARGENIES LARISSA
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MORALES DE LA CRUZ, LENNY MARICIELO
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Cruz Vegas, Guillermo Alexander
El presente trabajo de investigación fue desarrollado en la facultad de Derecho de la Universidad Privada de Trujillo. Su objetivo principal es determinar de qué manera el delito de robo agravado cometido sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios, afecta el principio de proporcionalidad de la pena. El tipo de estudio es orientado al cambio y toma de decisiones, el diseño de estudio es Fenomenológico. La investigación cuenta con la variable independiente: Robo agravado, y la variable dependiente: Proporcionalidad de la pena. Se trabajó con dogmática y teoría penal; se ha empleado un análisis documental. El estudio permitirá entender el fenómeno social complejo que se aborda, así como comprender posibles aspectos a mejorar en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Se concluye que se estudió los alcances del principio de proporcionalidad en nuestra legislación, identificándose su papel como principio regulador y a su vez limitador del poder punitivo plasmado en la norma legal en materia penal. Dentro de los alcances, se estudió también desde una perspectiva abstracta como concreta, siendo que la fuente del problema materia de análisis, radica en la afectación de la proporcionalidad desde la previsión legislativa.
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OBJECIONES CONSTITUCIONALES AL PROCESO INMEDIATO REFORMADO
(Universidad Privada de Trujillo, 2022)
MEREGILDO VEGA, DIANA DEYSI
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MEREGILDO VEGA, WILDER
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Cruz Vegas, Guillermo Alexander
En el presente trabajo de investigación se abordó el tema referido al proceso inmediato reformado, esto es, se hace un análisis de este proceso especial regulado en el código procesal penal con la finalidad de determinar si este es acorde con los estándares y exigencias mínimas de constitucionalidad, es así que lo que se explicó durante el desarrollo de la presente investigación es que este proceso especial tiene serios inconvenientes de constitucionalidad básicamente se destacó dos problemas de incompatibilidad con la Constitución: el primero de ellos es la lesión al derecho a la libertad de la persona debido a que la norma procesal penal señala que en todos los casos se debe mantener la detención del investigado hasta la realización de la audiencia de incoación de proceso inmediato lo cual implica una detención injustificada salvo en los casos en los que se solicite prisión preventiva; además de ello, otro de los puntos que se analizó y se logró contrastar y comprobar fue que la conversión del proceso inmediato de facultativo a obligatorio implicó que se lesione la autonomía constitucional del Ministerio Público regulado en el artículo 138 de la Norma Fundamental del Perú, ellos razón de que quién tendría que decidir el tipo de vía procedimental a utilizar es el ente persecutor no pudiendo el legislador obligar al fiscal a adoptar por el proceso inmediato en los casos sobre todo de flagrancia delictiva.
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BENEFICIOS PENITENCIARIOS EN EL ESTADO DE EMERGENCIA A RAÍZ DEL COVID-19.
(Universidad Privada de Trujillo, 2022)
ANASTACIO URBINA, ORCAR JUNIOR
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CHAVEZ GARCIA, LEYDI VANESSA
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Llaque Sánchez, Walter Rafael
El presente trabajo de investigación fue desarrollado en la facultad de Derecho de la Universidad Privada de Trujillo. Su objetivo principal es determinar la afectación de los beneficios penitenciarios en los reos del Penal Río Seco, de la provincia de Piura a consecuencia del estado de emergencia por el Covid-19 – 2020. Para alcanzar este objetivo se realizó un estudio con abogados de la especialidad de Derecho Penal del Ilustre Colegio de Abogados de Piura – ICAP del Distrito de Piura – Provincia de Piura – Región Piura. El tipo de estudio es orientado al cambio y toma de decisiones, el diseño de estudio es Fenomenológico. La investigación cuenta con la variable independiente: Beneficios penitenciarios, y la variable dependiente: Estado de emergencia. Se trabajó con un total de cincuenta y cuatro (54) participantes que son abogados litigantes en la especialidad de Derecho Penal del ICAP; empleando un cuestionario de preguntas cerradas. El estudio permitirá entender el fenómeno social complejo que se aborda, así como comprender posibles aspectos a mejorar en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Se concluye que la necesidad de una administración de justicia mucho más rápida ha llevado a que indirectamente se condiciona a que pueda transgredir una de las garantías como es la no incriminación derivada del derecho de defensa y de la presunción de inocencia que está reconocido no solo en nuestra carta magna sino también en normas internacionales como es la convención americana de derechos humanos y declaración universal de los derechos humanos.
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AFECTACIONES CAUSADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL FORMALIZAR INVESTIGACIÓN EN DEBIDO PROCESO PARLAMENTARIO
(Universidad Privada de Trujillo, 2022)
ROQUE SUCASACA, ELIZABETH
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Cruz Vegas, Guillermo Alexander
El presente trabajo de investigación fue desarrollado en la facultad de Derecho de la Universidad Privada de Trujillo. Su objetivo principal es Determinar que fundamentos jurídicos justificarían el resarcimiento de los daños y afectaciones causados cuando el Ministerio Público formaliza investigación aun estando en Debido Proceso Parlamentario de antejuicio. El tipo de estudio es orientado al cambio y toma de decisiones, el diseño de estudio es Fenomenológico. La investigación cuenta con la variable independiente: Proceso parlamentario, y la variable dependiente: Resarcimiento de daños. Se trabajó con un total de 3 profesionales; se ha empleado un análisis documental. El estudio permitirá entender el fenómeno social complejo que se aborda, así como comprender posibles aspectos a mejorar en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Se concluye que en nuestra normativa nacional existe una marcada diferencia entre una infracción constitucional y un delito en ejercicio de sus funciones, puesto que solo para los casos de delitos se puede realizar un antejuicio.
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LEGALIZACIÓN DE LA EUTANASIA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO.
(Universidad Privada de Trujillo, 2022)
Mamani Condori, Edén Roger
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Cruz Vegas, Guillermo Alexander
Se ha investigado este tema debido a que es necesario que se establezca por fin un criterio de razonabilidad y de fundamento constitucional como el de la dignidad humana, para que se despenalice la figura del homicidio piadoso a fin, de que no se deba sancionar a quien con un móvil de piedad y con la finalidad no de lesionar la vida, sino de evitar sufrimiento y dolores intensos ante un resultado inevitable y no conjurable de otro modo quita la vida a un enfermo, dogmáticamente, no se lesiona el bien jurídico sino se hace que se reivindique la dignidad humana y el derecho a la libertad, en ese sentido ese lo que justifica que este tipo penal no se califique como delito. Es por ello que se realizó la siguiente pregunta de investigación: “¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para legalizar la eutanasia en el ordenamiento jurídico peruano?”; se puso como objetivo “Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos para legalizar la eutanasia en el ordenamiento jurídico peruano”; y, luego de hacer un análisis del material de estudio se concluyó que la dignidad de la persona y su libertad son fundamentos para legalizar la practica eugenésica en el Perú.
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INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DEL FISCAL Y LOS AFECTADOS COMO CAUSAS DEL EXPEDIENTE DE DENUNCIAS PENALES EN LAS FISCALÍAS CORPORATIVAS PUNO – 2022.
(Universidad Privada de Trujillo, 2022)
MAMANI CHOQUE, ELMER
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RAMOS MENDOZA, ROBERT MANUEL
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Cruz Vegas, Guillermo Alexander
El problema. Con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Fiscal de Puno, esto es desde el primero de octubre del año 2009, la población, fundamentalmente los litigantes, los operadores del derecho como: Abogados, Jueces, Fiscales tenían las esperazas que se iba superar, mejorar el proceso penal regulado en el Código de Procedimientos Penales. En vista de que el Estado Peruano ha proporcionado al Ministerio Público el material logístico necesario; sin embargo, a la fecha la situación sigue igual, en todo caso ha empeorado en la generalidad de los casos, salvo algunas excepciones; los justiciables, los abogados, la población, etc., se quejan en forma constante en contra de los fiscales; quienes dilatan los procesos, no plantean la teoría del caso, no dirigen en forma adecuada la investigación, no impulsan la investigación, fundamentalmente por el archivo de las denuncia penales que han interpuesto. También es parte del problema, la parte agraviada, quien se limita en interponer la denuncia penal, no ofrece ni hace actuar los elementos de convicción pertinentes, útiles. La investigación es de tipo causal explicativo por consiguiente, se ha utilizado el siguiente diseño de investigación. Variable dependiente: la no formalización de la investigación preparatoria (archivo de las denuncias penales). Variable independiente: carencia de motivación e inactividad procesal del fiscal y del agraviado. Resultado y conclusiones. Primero: El representante del Ministerio Público, en su calidad de titular de la carga de la prueba, en el 47% de los casos ha dispuesto la actuación de los elementos de convicción impertinente; de ello se evidencia que no cumplen con su rol protagónico de dirigir la investigación. Segundo: En la disposición fiscal de apertura de investigación preliminar el representante del Ministerio Público, en el 69% de los casos no ha planteado la teoría del caso, sólo en 31% de los casos ha formulado o planteado la teoría del Caso. Tercero: El titular de la acción penal y de la carga de la prueba, en el 72% de los casos, no ha impulsado la investigación. Cuarto: En las disposiciones fiscales de no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria el 33% de los casos existe insuficiente motivación, 30% de los casos hay defectuosa motivación, en el 22% de los casos hay aparente motivación, en 8% hay motivación completa y 7% existe falta de motivación. Quinto: La parte agraviada, en el 65% de los casos no ofrece los elementos de convicción, sólo en el 35% de los casos ofrece los elementos de convicción. Sexto: En los casos en que la parte agraviada ofrece los elementos de convicción, en el 38% los elementos de convicción ofrecidos son inútiles, el 30% son impertinentes, tan sólo en el 21% son pertinentes. Sétimo: Del total de las denuncias penales ingresadas de los años 2012 y 2013, en el 67% de los casos penales se han archivado en forma definitiva; con ello se acredita, de que se afecta el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

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